Jesús Rubio: “El tiempo medio de resolución del TACPA en 2025 fue de 29 días”

Para una pequeña empresa, un contrato público puede ser una oportunidad de crecimiento. También puede convertirse en un laberinto de requisitos, documentos y plataformas digitales. Entre ambas posibilidades hay una diferencia decisiva: cómo se hayan escrito las reglas del juego.

Conocemos más sobre Jesús Rubio, Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en este Red Pública del Club Cámara Zaragoza.

 

Contratar mejor también es abrir la puerta a las pymes

Jesús Rubio defiende unas licitaciones más claras, una mayor atención a la calidad y un control ágil que dé confianza a las empresas. Su diagnóstico señala avances, pero también barreras que siguen dificultando el acceso de las pymes a los contratos públicos.

La contratación pública puede parecer un asunto reservado a especialistas, pero sus efectos son cotidianos. Detrás de los expedientes hay abastecimiento de agua, recogida de residuos, instalaciones deportivas o suministros. Y detrás de cada oferta, empresas que dedican tiempo y recursos a intentar conseguir un cliente de enorme importancia: la Administración. Que ese esfuerzo se desarrolle en condiciones de igualdad depende, en buena medida, de la claridad de los procedimientos.

Rubio conoce ese terreno desde dentro. Su trayectoria de 25 años en la Administración local le ha llevado a intervenir en la preparación, adjudicación y ejecución de contratos, tanto desde la perspectiva jurídica como desde la económica. Una experiencia que ahora aplica al otro lado de la mesa, al revisar decisiones que pueden determinar quién accede a un contrato público.

El tribunal actúa fundamentalmente en las fases de preparación y adjudicación. Su función es resolver controversias con agilidad y ofrecer una garantía a quienes concurren. La ejecución contractual, aunque concentra muchas incidencias, queda fuera de ese ámbito general de revisión. Ampliarlo sin reforzar los medios tendría, advierte Rubio, una consecuencia paradójica: “Sería hacer que los tribunales murieran de éxito”.

Los pliegos y la importancia de la letra pequeña

Si hay un documento que merece una lectura detenida antes de presentar una oferta, ese es el pliego. Un pliego define las condiciones de participación y los criterios con los que se valorarán las propuestas. Rubio lo expresa con una fórmula directa: “Los pliegos, que son ley del contrato, regulan las reglas para los licitadores”.

Su diagnóstico reconoce avances. Las administraciones han mejorado su elaboración y el tribunal ha contribuido a depurar cláusulas oscuras o exigencias mantenidas por inercia. Pero la claridad sigue siendo una cuestión práctica, especialmente para las pymes, que suelen disponer de menos recursos para interpretar documentos complejos.

La solvencia exigida es un buen ejemplo. Acreditar capacidad para ejecutar un contrato tiene sentido; elevar el listón de forma desproporcionada puede cerrar la puerta a empresas capaces de hacerlo. “Hemos echado para atrás pliegos donde la solvencia tenía exigencias elevadas que afectaban a la libre concurrencia”, explica. La clave está en que los requisitos guarden proporción con el objeto del contrato.

El precio no puede explicarlo todo

La transparencia también plantea equilibrios delicados. Para defender sus derechos, una empresa puede necesitar acceder al expediente y conocer cómo se ha valorado la oferta ganadora. Sin embargo, esa documentación puede contener procesos internos, conocimientos técnicos o información comercial sensible.

Rubio reclama que los pliegos prevean mejor esa situación: “Abogo porque los pliegos reflejen y recojan la protección de esos derechos en relación con el objeto del contrato”. La cuestión cobra especial relevancia en servicios tecnológicos y actividades donde el conocimiento propio constituye una ventaja competitiva. Dar acceso a la información y proteger los secretos empresariales exige reglas suficientemente claras desde el principio.

Por otro lado, es especialmente rotundo al hablar de calidad. Cuestiona una cultura de contratación demasiado centrada en ahorrar: “Las administraciones españolas hemos tenido interiorizado el tema precio y reducción de costes y nos hemos olvidado de la calidad”.

Su advertencia apunta a la coherencia de las licitaciones. De poco sirve describir un servicio excelente si después la valoración empuja a competir fundamentalmente a la baja. A su juicio, cuando el precio concentra un peso excesivo, los estándares previstos corren el riesgo de diluirse.

Veintinueve días para aportar certidumbre

La utilidad de un órgano de recurso depende también de su velocidad. Según los datos que aporta Rubio, el tribunal aragonés resolvió en 2025 en una media de 29 días, frente a los 44 de la media nacional que cita. Una respuesta ágil reduce la incertidumbre para las empresas y permite aclarar antes el futuro de una licitación.

Ese mismo año se estimó el 43% de los recursos. Pero Rubio introduce un matiz: desestimar también tiene valor cuando confirma que la Administración ha actuado correctamente. La garantía consiste en revisar con independencia y resolver conforme a las reglas, tanto si el resultado obliga a corregir el procedimiento como si respalda la decisión adoptada.