Del uso a la gobernanza: cómo adaptar la empresa al Reglamento de IA junto a Legal ESI

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta habitual en oficinas, despachos e industrias. Sus aplicaciones permiten automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la productividad, pero su utilización también plantea importantes retos jurídicos y organizativos. Ante este escenario, Legal ESI ofrece un servicio especializado para ayudar a las empresas a adaptar el uso de estas tecnologías al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Alberto Gil, responsable de Legal ESI, nos cuenta en este Nos Presenta el papel de la compañía a la hora de acompañar a las organizaciones en la implantación de normativas específicas que afectan a su actividad y su capacidad para convertirse en proveedor o socio jurídico de referencia.

El nuevo marco europeo de la Inteligencia Artificial

Entre las principales áreas de trabajo de Legal ESI se encuentran la protección de datos, el cumplimiento normativo laboral, los planes de igualdad y la prevención de riesgos penales mediante sistemas de compliance. A estos servicios se suma ahora el asesoramiento relacionado con el Reglamento de Inteligencia Artificial, una normativa que introduce nuevas obligaciones para las empresas que desarrollan, comercializan o utilizan sistemas basados en esta tecnología.

“La Inteligencia Artificial está ya en nuestras oficinas, en nuestros despachos y en nuestras industrias. Es algo que tenemos que utilizar para mejorar nuestra productividad, pero siempre dentro de un marco legal y cumpliendo con la normativa”, señala Alberto Gil.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y comenzó a aplicarse de manera progresiva. Desde febrero de 2025 están vigentes, entre otras cuestiones, las prohibiciones sobre determinadas prácticas de Inteligencia Artificial y las obligaciones relacionadas con la alfabetización en IA. Más recientemente, el 2 de agosto de 2026, ha comenzado la aplicación general de buena parte de sus disposiciones, aunque algunos requisitos para los sistemas considerados de alto riesgo cuentan con plazos específicos.

La regulación europea adopta un enfoque basado en el nivel de riesgo, lo que significa que las obligaciones dependen del uso y del impacto que pueda tener cada sistema. No presenta el mismo nivel de riesgo una herramienta utilizada para organizar documentos que una solución capaz de intervenir en procesos de selección de personal, evaluación educativa, acceso a servicios esenciales o gestión de infraestructuras críticas.

Para las empresas, la adaptación comienza por identificar qué herramientas de IA están utilizando, para qué finalidades y qué información introducen en ellas. Igualmente, resulta necesario analizar los riesgos, establecer responsabilidades internas, proteger los datos personales y confidenciales, mantener la supervisión humana y formar adecuadamente a las personas trabajadoras.

Legal ESI acompaña a las empresas ante los nuevos retos legales de la IA

La gobernanza de la Inteligencia Artificial debe integrarse así en la gestión ordinaria de la organización. Por ello, Gil destaca que el propósito de la normativa no es impedir que las compañías aprovechen las ventajas de esta tecnología, sino favorecer una utilización ordenada, transparente y responsable. “Lo que se pretende es que podamos utilizar la IA dentro de un marco de gobernanza y que siempre tengamos en cuenta unas pautas”, explica.

En este contexto, Legal ESI acompaña a las empresas en el diagnóstico de su situación, la identificación de riesgos y la elaboración de políticas internas para el uso de la IA. El servicio busca que la Inteligencia Artificial no se contemple exclusivamente como una herramienta productiva, sino también desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la protección de los derechos y el buen gobierno corporativo.

La adaptación adquiere una especial importancia en un momento en el que muchas empresas ya utilizan soluciones de inteligencia artificial, incluso aunque todavía no hayan establecido criterios internos para su uso. Contar con inventarios de herramientas, protocolos, medidas de control y formación permite reducir riesgos legales y reputacionales sin renunciar a las oportunidades de innovación.