De la LISMI a la LGD, el reto de convertirse en una empresa inclusiva
- La conversación, impulsada por Grupo SIFU, giró en torno a la reflexión y la implantación de medidas inclusivas para la incorporación de personas con discapacidad a las empresas
El 3 de diciembre es la fecha marcada en el calendario como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En España, la ley LISMI, la cual obligaba a las empresas mayores de 50 trabajadores a tener, al menos, un 2% de personal contratado con minusvalía o discapacidad, ha celebrado 40 años de su promulgación en este 2022. En este #CanalExpositivo, organizado por Grupo SIFU, Elena Guinda, Directora Gerente de INAEM, y Guillermo Gutierréz, Director de Desarrollo de Fundación Grupo SIFU, conversaron acerca de la evolución de la inclusión y la diversidad en las empresas y del desarrollo del concepto a lo largo de los años.
Grupo SIFU y su Fundación llevan poniendo el foco en la integración laboral de las personas con discapacidad y de difícil inserción casi 30 años gracias al proyecto iniciado por Albert Campabadal. SIFU se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los centros especiales de empleo más importantes de España, dando trabajo a unas 9000 personas, casi la mitad de ellas con discapacidad, y dando servicio a más de 3000 clientes en el territorio nacional.
Una de las claves en el desarrollo de la actividad del Grupo ha sido la aplicación de programas específicos de integración laboral, haciendo énfasis en la formación, el acompañamiento y el seguimiento continuo de las personas con «certificado de discapacidad», como apunta Gutiérrez como el término más correcto para SIFU. Estos programas de aplicación han ido de la mano de las legislaciones vigentes, comenzando por la ley LISMI y evolucionando con el tiempo hasta lo que es hoy la Ley General de la Discapacidad (LGD).
Este proceso de inserción e inclusión laboral viene siendo apoyado por el INAEM a través de programas de apoyo a la empleabilidad de las personas con discapacidad, que en 2021 contaron con 21’5 millones de euros de presupuesto. De esta manera, la actuación se centra en el fomento del empleo protegido y ordinario, además de en el concienciamiento de las empresas para fomentar la contratación.
¿Por qué contratar personas con certificado de discapacidad? Guinda apuntó cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, el cumplimiento del marco legal; a continuación, las ventajas económicas que supone, como desgravaciones que benefician a las empresas; seguido de la mejora de la imagen corporativa y lo que supone para el valor de marca, y, por último, las capacidades, el compromiso y la disposición a evolucionar y mejorar de estos trabajadores con diversidad.
El fomento de esta inclusión laboral conlleva una serie de beneficios para los trabajadores más allá de la independencia económica que se les brinda. Gutiérrez subrayó «la dignificación y la autorrealización» que supone para estas personas tener un puesto de trabajo en el que asumir responsabilidades. Y, para las empresas, indicó que «la diversidad funcional limita pero no impide«, aportando un valor añadido a las compañías.
El plan estratégico y la guía de acción de SIFU e INAEM ponen la mirada en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la educación de calidad y la formación de alianza para lograr las metas planteadas. Todo ello con el fin de construir empresas inclusivas que permitan la integración de las personas con discapacidad en la sociedad y el mercado laboral.
Para Gutiérrez, una empresa inclusiva es aquella que «es diversa y tiene una serie de valores como la cohesión y la solidaridad, las cuales aprecian el clima laboral y piensan en el trabajador». Para esto, es fundamental que todas las áreas de las empresas estén formadas en estas cuestiones, abarcando más allá del departamento de Recursos Humanos. Y es que, como afirmó Gutiérrez, «una empresa inclusiva y diversa tiene mayor capacidad para atender a todo tipo de clientes que la que no lo es«.
