Las Cámaras de Comercio aragonesas, preocupadas por el futuro de los Centros de Educación Infantil (CEI)
El Consejo Aragonés de Cámaras, integrado por las Cámaras de Comercio de Huesca, Teruel y Zaragoza, quiere mostrar su apoyo a los Centros de Educación Infantil de Aragón (CEI) ante el proyecto de incluir el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) en los colegios. El pleno del Consejo, reunido hoy, manifiesta de esta forma su preocupación por el futuro de un sector que, en Aragón, cuenta con más de un centenar de centros homologados, y reclama una solución que garantice su supervivencia.
Pese al esfuerzo e inversiones realizadas en estos años para cumplir las especificaciones del Gobierno de Aragón en materia de seguridad, ratios, instalaciones y proyecto educativo, la creciente presencia de centros no homologados ya ha comprometido la viabilidad de muchos de ellos. Si ahora se trasladase a los colegios ese primer tramo educativo abocaría a los CEI a abandonar su actividad, con la consiguiente y grave pérdida de empleos.
A través de su homologación y de las inspecciones a las que se someten, los CEI garantizan que los niños de 0 a 3 años reciben la mejor educación posible, en el entorno adecuado y con las condiciones idóneas. Constituyen además un sector de actividad que genera riqueza y empleo: hasta 632 puestos de trabajo se verían directamente amenazados si no se busca una solución intermedia, que posibilite la continuidad de los Centros de Educación Infantil.
El Consejo Aragonés de Cámaras está convencido de que existen alternativas viables que respeten el interés de todas las partes implicadas. Desde la concertación de centros, tal y como siempre se ha hecho en los ciclos educativos posteriores, hasta el apoyo público a las familias cuya situación económica no les permita educar a sus hijos en estos centros.
El sector público puede y debe garantizar el acceso de todas las familias y de todos los niños a la educación. Y facilitarlo para aquéllas que se encuentren en riesgo de exclusión por razones sociales o económicas, o que presenten necesidades educativas especiales. Pero ese objetivo encomiable no debería ser incompatible con la seguridad jurídica y económica de la iniciativa privada, en un sector que ahora mismo ve en serio peligro su supervivencia.
Las Cámaras de Comercio aragonesas abogan por que las partes afectadas trabajen en esa dirección y se arbitre una solución que asegure la convivencia de ambos modelos con todas las garantías.