Ángel Sanz: «La conectividad en Aragón es buena, pero todavía claramente mejorable»

La transformación digital de las administraciones públicas ha dejado de ser una promesa para convertirse en un factor decisivo de competitividad territorial, eficiencia institucional y cohesión social. Tecnologías como la computación en la nube, la Inteligencia Artificial o la ciberseguridad ya no son conceptos abstractos, sino herramientas concretas que condicionan la rapidez con la que se tramitan ayudas, se prestan servicios sociales o se responde ante una emergencia.

En este escenario, Aragón ha optado por reforzar un modelo propio de gestión tecnológica, basado en una entidad pública especializada que actúa como proveedor integral de soluciones TIC para todo el sector público autonómico. Al frente de esa estructura se encuentra Ángel Sanz Barea, un perfil técnico con una larga trayectoria en la administración, que defiende una digitalización orientada a resultados, con impacto directo en la vida de ciudadanos y empresas.

Conocemos más sobre Ángel Sanz y su labor en Aragonesa de Servicios Telemáticos en este Red Pública del Club Cámara Zaragoza conducido por Etién Aldea, director de Negocio y Marketing en Embou.

Una entidad de gran magnitud en Aragón

Ángel Sanz Barea, director gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), rehúye los grandes titulares y se define con sencillez: “Me considero una persona normal, con sentido común”. Sin embargo, su currículum revela una carrera marcada por la gestión de sistemas complejos y la toma de decisiones estratégicas en ámbitos críticos. Ingeniero industrial, con formación directiva en el IESE y una etapa de formación militar como sargento de artillería, ha ocupado responsabilidades de primer nivel tanto en Navarra como en Aragón desde finales de los años noventa.

Desde el año 2023 lidera AST, y la misión de AST es tan amplia como estratégica. Por un lado, actúa como proveedor tecnológico del Gobierno de Aragón y de todos sus organismos dependientes, cubriendo desde las telecomunicaciones hasta los sistemas de información. Por otro, impulsa infraestructuras y servicios con un claro componente social y territorial: la red de emergencias, la extensión de la banda ancha, o la señal de televisión que llega a todo el territorio autonómico. “Somos un instrumento del Gobierno para que la tecnología funcione como palanca de desarrollo”, explica Sanz.

Una responsabilidad que se traduce en cifras especialmente relevantes. La actividad de AST alcanzó en 2024 los 54,87 millones de euros, y buena parte de esa capacidad de gestión se apoya en el uso intensivo de acuerdos marco, una fórmula que, según su director, aporta agilidad y eficiencia. “Una licitación convencional puede tardar entre seis y nueve meses. Con un acuerdo marco, una vez homologados los proveedores, puedes tener un contrato en veinte días”, señala. Entre los principales destacan los de telecomunicaciones (94 millones), nube híbrida (70 millones), aplicaciones (76 millones) o ciberseguridad (77 millones).

Retos tecnológicos y limitaciones del mundo rural

En el ámbito tecnológico, la hoja de ruta de AST para los próximos años está claramente definida. La apuesta por el modelo “Cloud First” se ha consolidado como eje principal. “Si se aborda un proyecto tecnológico, la primera opción debe ser la nube”, afirma Sanz. “Ganas rapidez, seguridad y evitas inversiones en infraestructuras propias”, añade. En ese marco se están migrando sistemas críticos como el económico-financiero, los recursos humanos o la logística sanitaria, al tiempo que nacen en la nube nuevos servicios como el CRM de atención al ciudadano.

La Inteligencia Artificial también ocupa un lugar central en esa estrategia. Lejos de enfoques experimentales, AST ha optado por una implantación pragmática, ligada a procesos concretos. “Analizamos dónde hay más volumen económico, más funcionarios implicados o más tiempo de tramitación”, explica. El objetivo es claro: reducir procedimientos que hoy tardan entre nueve y doce meses a plazos de semanas o incluso días. “En un caso interno, un proceso que llevaba tres semanas se resolvió en tres días”, apunta.

Junto a la nube y la IA, la ciberseguridad es el tercer gran pilar. AST lidera un ambicioso proyecto en colaboración con INCIBE, dotado con 12,1 millones de euros, para desplegar un centro de ciberseguridad en Walqa. El plan incluye desde sistemas avanzados de detección de intrusiones hasta protección física del centro de datos. “Hablamos de infraestructuras críticas que albergan información de salud o hacienda”, recuerda Sanz. La elevada concurrencia empresarial en los acuerdos marco de este ámbito es, a su juicio, una buena noticia: “Recibir más de cincuenta ofertas demuestra que hay un ecosistema vivo y competitivo”.

Igualmente, la conectividad territorial es otro de los retos sobre la mesa. Aunque casi todas las poblaciones de más de 500 habitantes cuentan con fibra, persisten zonas con carencias y problemas de estabilidad, agravados por fenómenos meteorológicos o robos de cable. AST trabaja en un Plan de Banda Ancha junto a otras direcciones generales, con un foco claro en autónomos y pequeñas empresas del medio rural. No obstante, Sanz advierte de las limitaciones derivadas de los programas estatales: “Cuando un operador pide una subvención y luego no ejecuta, bloquea cualquier otra actuación y deja un vacío difícil de cubrir”.