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«La colaboración público-privada en la prestación de servicios de interés general ofrece grandes ventajas»

  • Pascual Sala, José María Gimeno y Gonzalo Quintero protagonizaron la primera sesión del ciclo ‘España 2018: visiones económicas a debate’.
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José María Gimeno, Pascual Sala, Pascual Sánchez y Gonzalo Quintero. Foto: Arturo Gascón.

Tres juristas de primer nivel visitaron el pasado 25 de enero la Cámara de Comercio de Zaragoza para participar en el ciclo ‘España 2017: visiones económicas a debate‘, organizado por la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja. Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, y Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili, ofrecieron la conferencia ‘El interés público y su satisfacción con la colaboración público – privada’. Previamente, fueron entrevistados por Eduardo Sanz, economista de la Fundación Basilio Paraíso para el vídeo que acompaña a estas líneas.

Además de por su dilatada trayectoria, los tres juristas cuentan con el aval de haber publicado recientemente el libro ‘Servicios públicos e ideología‘. Pacual Sala reivindicó que «no puede hacerse una reivindicación de la gestión pública en aras de un criterio ideológico». En este sentido, el expresidente del Tribunal Constitucional argumentó que «externalizar un servicio no es privatizarlo». «El servicio público lleva aparejada la titularidad y deberes de vigilancia y regulación para que se preste en las mejores condiciones para satisfacer el interés general; por lo tanto, lo que se privatiza es la gestión, no el servicio en sí«. Sala defendió que «la colaboración público-privada tiene grandes ventajas», entre las que destacó que «cuando se trata de grandes ensanchamientos de prestación de servicio, la fórmula público-privada permite sortear las limitaciones presupuestarias de las administraciones«. Asimismo, recordó que en esta materia «hay que cumplir los requisitos que impone el derecho europeo y la transposición a las leyes españolas». «No es quién lo presta, sino cómo se presta, lo que debe de garantizarse», concluyó.

Por su parte, José María Gimeno, achacó la desafección de sectores de la sociedad con el modelo público-privado en parte al «desconocimiento de lo que realmente aporta la colaboración público-privada desde la perspectiva de satisfacción del interés general». También responsabilizó a los «supuestos de corrupción» que en los últimos años «han puesto en duda la visión ética de las empresas en la colaboración pública-privada». En su opinión, «hay que explicar a la ciudadanía que se han cometido errores, pero que en una sociedad compleja las administraciones tienen que recurrir en muchas ocasiones a la colaboración privada para la prestación de servicios de calidad».

En este mismo sentido, Gonzalo Quintero apuntó que «está en la mano del empresario mantener el juego limpio, pero también a su vez el tiene que esperar que la administración le trate con respeto y no cambie las reglas de pronto o decida cancelar la concesión de forma no justificada. Él y sus empleados tienen derecho a una seguridad jurídica».

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LA FIRMA

Eduardo Sanz. Economista de la Fundación Basilio Paraíso.

Eduardo Sanz. Colaborador de la Fundación Basilio Paraíso.

La colaboración público-privada es la herramienta a través de la cual las Administraciones Públicas pueden garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en condiciones de “regularidad, continuidad y equidad”. Así se expresó José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, quien, junto con D. Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo y expresidente del Tribunal Constitucional, y D. Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal y exdirector General de Servicios Jurídicos del Estado, impartieron la conferencia «El interés público y su satisfacción con la colaboración público – privada», en el marco del ciclo de conferencias ‘Visiones económicas a debate’, organizado por Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Zaragoza e IberCaja.

Los tres juristas coincidieron en señalar que el debate acerca de la colaboración público-privada a través del instrumento de la contratación pública debe centrarse en cómo se prestan los servicios públicos, más que en quién es su prestador. De este modo podrá superarse la equívoca asociación entre gestión privada y privatización de un servicio público (esta última solo acontece cuando la titularidad del servicio se traslada al sector privado); así como el rechazo a las concesiones administrativas per se, dados los sonados casos de corrupción que aparecen en los medios de comunicación. En palabras del profesor Quintero, debemos ser conscientes de que el primer perjudicado por la adjudicación corrupta de una concesión es el empresario que sí concurre a un concurso de forma honesta.

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Redaccion